Puertos de Chile no mantienen el mismo estándar de seguridad

La Sala de la Cámara de Diputados de Chile aprobó el informe de la comisión investigadora (CEI 25) encargada de indagar los actos de Gobierno entre los años 2018 a 2023, respecto del resguardo y fiscalización de la seguridad portuaria en las vías marítimas de entrada y salida del territorio chileno.

La Comisión constató que el estándar de seguridad portuaria no es el mismo para cada puerto, a pesar de que la gobernanza está definida en los mismos términos. Respecto a los problemas que se enfrentan están el contrabando de mercancías, el dinero no declarado, el ingreso o salida de mercancías ilícitas, el robo en instalaciones logísticas, robos a transportistas o en la ruta y falsedad documental.

En tal plano, la Comisión estimó que que se ha visto cuestionada la seguridad del transporte marítimo de Chile. Así, se han detectado cargamentos de toneladas de drogas en buques, en Estados Unidos y Europa, que iniciaron su travesía en puertos chilenos. Estos pasan, luego, por el puerto del Callao, en Perú; o de Buenaventura, en Colombia. También se menciona que los buques también “son infectados” en alta mar por medio de naves menores.

El informe de la Comisión señala que esta situación ha obligado a redoblar las coordinaciones con los organismos multilaterales y las policías de otros países para ir detectando las capacidades, operaciones y de coordinación que existen en estas redes de crimen organizado.

Sin embargo, se observa al mismo tiempo que los medios y el personal son insuficientes para las tareas que debe cumplir la policía marítima. Se reconoce, en todo caso, que los medios han sido mejorados con transferencias provenientes del Ministerio del Interior, desde los fondos para el combate al crimen organizado. Sin embargo, se espera aún un aumento del personal mediante un proyecto de ley que se está trabajando junto al Ejecutivo.

Propuestas en seguridad portuaria

El informe sobre seguridad portuaria y propone una serie de acciones:

• Contar con tecnología no invasiva y un escáner de flujo libre. Actualmente, a nivel nacional, existen once camiones escáner, pero solo ocho están operativos.

• Avanzar en medidas que permitirán detectar y prevenir delitos de narcotráfico, falsificación, trata de personas para explotación sexual y tráfico de armas, entre otros.

• Aumentar personal y capacitación de profesionales y técnicos especializados para operar nuevas tecnologías. También, aumentar la cantidad de fiscalizadores.

• Se plantea que una de las estrategias para combatir y prevenir la comisión de delitos en nuestros puertos, aeropuertos y fronteras, está conformada por los binomios caninos. Pueden detectar hasta siete tipos de olores; con lo que puede evitarse el tráfico de armas, distintos tipos de drogas, pólvora y contrabando de divisas.

• Incorporar infraestructura obligatoria en bases de licitación de puertos, aeropuertos y, en general, de todos los pasos fronterizos terrestres.

• Se llama al Ejecutivo a considerar las conclusiones y recomendaciones planteadas. De este modo, se espera abordar situaciones como el tráfico de la nueva droga: “Fentanilo”. Ella fue detectada por la PDI a través del paso fronterizo Pino Hachado, en la región de La Araucanía. Según se observa, este no contaba con tecnología para detectar sustancias ilícitas,

El informe remarca que “la seguridad portuaria hoy no se puede descuidar” Asimismo, se enfatiza que “no es menor la necesidad de mejorar la coordinación entre servicios, el intercambio de información y el control documental”.

Complejidad de gobernanza dificulta acciones

En términos generales, quienes intervinieron recalcaron que los riesgos que se abren en materia de seguridad portuaria son “tremendos”. Manifestaron la necesidad de aumentar la fiscalización y recursos para operar de manera constante.

Asimismo, alertaron que Chile se está convirtiendo en una ruta de paso para el narcotráfico. Por ello, afirmaron que los puertos requieren de infraestructura y mejor logística. Asimismo, observaron que hay complejidad de gobernanza en los puertos por la intervención de múltiples servicios en una actividad altamente especializada.